Ver: Correa R., discurso de apertura del Seminario Internacional, la Corte Constitucional un Cambio Ineludible, Quito, Octubre de 2008.
Y en ese sentido, nuestro propósito, desde el primer día de gestión, y con mayor razón luego de la entrada en vigencia de la Constitución de 2008, fue impulsar una transformación profunda tanto en las formas como especialmente en el fondo de lo que era y es el control constitucional en el país, lo cual involucra promover, decididamente, tanto una modernización radical de la jurisdicción constitucional, como lo que es más importante, un cambio de mentalidad entre usuarios, jueces, funcionarios y operadores de la justicia constitucional.
Así las cosas, mi labor y la de mis colegas de la actual Corte Constitucional, para el periodo de transición, como impulsores de esa urgente modernización y del necesario cambio cultural, ha implicado un replanteamiento vigoroso de nuestras metas y aspiraciones personales y colectivas. En la Corte estamos convencidos de que Ecuador necesita pensar la política, el derecho y la justicia de otra manera, vinculados a la realización efectiva de la dignidad humana como principio y fin del Estado y la Sociedad.
La justicia constitucional, como sistema que involucra a estas tres nociones, debe ser ejercida a través de los medios de civilización, tolerancia y respeto que la humanidad entera ha buscado anhelante y construido desde hace siglos bajo los signos del humanismo laico. Asimismo, la ética, o para decirlo de otra manera, la decencia pública, no es para nosotros un adorno o sortilegio de las personas, sino que, por el contrario, expresa nuestro esfuerzo y compromiso cotidiano como jueces constitucionales en la búsqueda del buen vivir (Sumak kawsay) y la democracia viva, actuante y participativa de estirpe latinoamericana en que la mayoría de quienes estamos aquí hemos creído a lo largo de la vida.
Por eso, hoy quiero pasar revista, con ustedes como testigos, al grado de cumplimiento de nuestros objetivos y propósitos, para lo cual, concentraré mi intervención a la revisión razonada de los cuatro componentes fundamentales del Plan Estratégico de la Corte Constitucional aprobado por el Pleno de la misma, de conformidad con los requerimientos del Plan Nacional de Desarrollo y, concretamente, con el cumplimiento cabal del objetivo relacionado con el acceso a la justicia.
En primer lugar, hemos trabajado intensamente en la creación e institucionalización de la nueva Corte Constitucional, lo cual ha involucrado importantes esfuerzos tanto en el apoyo al proceso constituyente en el área relacionada con la supremacía de la Constitución y el control constitucional, como últimamente en la participación protagónica de la Corte en el equipo técnico interinstitucional que concibió y redactó el proyecto de Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que, actualmente, se discute en la Comisión de Legislación y Fiscalización.
En segundo término, y a pesar de estar conscientes de la transitoriedad de nuestra función como Corte de transición, nos hemos empeñado con decisión en la reorientación y mejoramiento de la gestión de la Corte en el ámbito jurisdiccional, para adecuarla, desde ya, a los estándares internacionales sobre la materia.
En tercer lugar, y como un complemento necesario de lo anterior, hemos realizado un esfuerzo muy importante en la transformación y modernización de la gestión organizacional de la Corte, lo que ha repercutido tanto en un mejoramiento y optimización del capital humano, como en un aumento importante y una mejora significativa de la calidad del gasto de inversión de la Corte, así como en la adecuación y optimización de la infraestructura física actual; todo esto redundará en el mejoramiento del servicio a los operadores y usuarios de la Corte.
Finalmente, se ha diseñado y puesto en marcha una estrategia de promoción institucional y comunicacional encaminada a romper con la invisibilidad e imagen negativa que, tradicionalmente, ha tenido la justicia constitucional en el país y a que la ciudadanía conozca y valore positivamente la labor y los servicios de la Corte Constitucional en todo el país, así como a intentar posicionar la Corte como un referente jurídico y doctrinario en el ámbito continental.
- INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA NUEVA JUSTICIA CONSTITUCIONAL
En cuanto a la institucionalización de la nueva justicia constitucional se proyectó toda una estrategia política y jurídica dirigida a crear una nueva institucionalidad, que diera respuesta eficaz a las necesidades y objetivos del Estado Constitucional de Derechos y Justicia que se quería implantar en el Ecuador en el desarrollo del nuevo paradigma constitucional garantista, que se ha venido gestando en América Latina en los últimos 20 años.
Para ello, en primer lugar, organizamos un seminario internacional al que denominamos “La Corte Constitucional, un cambio ineludible”, realizado en Quito, entre los días 15 y 18 de octubre de 2007, con la participación de expertos constitucionalistas progresistas de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, España y Perú y que dio como resultado la generación de unos lineamientos básicos tanto políticos como técnicos de lo que debería ser la nueva Corte Constitucional ecuatoriana. Estos lineamientos permitieron al ex Tribunal Constitucional presentar, en enero de 2007 a la Asamblea Constituyente, su propuesta de “Sistema de Administración de Justicia Constitucional”.
Un segundo elemento de esta estrategia fue, justamente, la preparación, presentación y defensa ante la Asamblea Constituyente de la propuesta del nuevo “Sistema de Administración de Justicia Constitucional”.
Se trataba de crear un sistema de administración de justicia constitucional con las siguientes características: 1) se garantizaba institucional y judicialmente la Supremacía de la Constitución a través de la existencia de una Corte Constitucional independiente y autónoma de las demás funciones del Estado, como de los grupos de presión, que debía actuar como cabeza del sistema; 2) se proponía el fortalecimiento de las competencias de la Corte, garantizando normativamente la eficacia y coercitividad de sus decisiones; 3) se planteaba, en una iniciativa revolucionaria en el contexto ecuatoriano, ampliar el control constitucional a todos los servidores públicos, incluyendo jueces y particulares; 4) se consideraba fundamental cambiar la composición y establecer un nuevo mecanismo de designación y selección de los miembros que conjugara la garantía de la idoneidad técnica de los postulantes con resguardo de idoneidad ética y sentido político de los aspirantes; finalmente, 5) se planteaba la eliminación del juicio político a los miembros de la Corte para garantizar la independencia de la jurisdicción constitucional respecto de los factores reales de poder y especialmente de los partidos políticos.
Después de una intensa actividad política, técnica y pedagógica en el seno de la constituyente, se consiguió la incorporación en la Constitución del Título IX sobre Supremacía de la Constitución, que ha significado un verdadero fortalecimiento de la independencia de la Corte al quedar establecida como una función autónoma del Estado, totalmente independiente de los poderes públicos; asimismo, se consiguió el fortalecimiento sustancial de las competencias de la Corte Constitucional, especialmente en la interpretación “auténtica” de la Constitución y el alcance del Control de Constitucionalidad de los distintos actos normativos del Estado.
Un tercer elemento, fundamental de nuestra estrategia dirigida a propiciar la transformación de la justicia constitucional en el país, es justamente el apoyo decidido y eficaz al proceso de preparación, presentación, aprobación y promulgación de la nueva Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que está próxima a ser expedida por la Comisión Legislativa.
En efecto, a pesar de que la adopción, por el pueblo ecuatoriano, del paradigma constitucional sustancial o material, representado en la denominación del Estado como Constitucional de Derechos y Justicia, implica el acogimiento de un modelo constitucional donde la Constitución se transforma de facto en una norma jurídica directa e inmediatamente aplicable por funcionarios, jueces y personas particulares, sin que se requiera de una ley que la desarrolle, no es menos cierto que además de que existe un mandato constitucional claro al respecto, que obliga al legislador secundario a expedir la ley de desarrollo de la Constitución en esta materia, hay muchas cuestiones técnicas de detalle que son necesarias para tener una justicia constitucional altamente profesionalizada, eficaz y autónoma, y que no pueden ser abordadas por el constituyente.
Sin que esto implique una anticipación de criterio frente a una eventual revisión de constitucionalidad de la ley, debo destacar, con ocasión de esta rendición de cuentas, tres virtudes fundamentales que a mi juicio tiene el proyecto, y que esperamos sean conservadas en la Ley cuando finalmente sea promulgada por el legislador: 1) la coherencia con la filosofía y el texto de la Constitución y particularmente la fidelidad con el sistema de garantías jurisdiccionales de los derechos y el modelo de control de constitucionalidad y supremacía de la Constitución diseñados por el constituyente de Montecristi; 2) la incorporación exhaustiva, en el texto del proyecto, de la más moderna y garantista teoría del derecho y dogmática constitucional; y, 3) la validación de todo el conjunto normativo con la realidad y las necesidades prácticas de los jueces, y operadores de la justicia constitucional, a partir de nuestra experiencia de dos años al frente de la justicia constitucional ecuatoriana.
Un cuarto y último elemento de la estrategia citada es el proyecto de capacitación en justicia constitucional dirigido a promover el cambio de cultura jurídica tanto entre los propios funcionarios de la Corte Constitucional, para el periodo de transición, como también, y fundamentalmente, entre jueces, funcionarios y operadores de la justicia constitucional, así como entre la ciudadanía y, particularmente, entre los profesores y estudiantes secundarios y universitarios.
Para ello, hemos llevado a cabo un proceso de formación continua destinado a introducir a los funcionarios de la Corte en la filosofía y práctica del neoconstitucionalismo y el trabajo por objetivos que ha incluido la realización de múltiples actividades pedagógicas, entre las que se destacan: 1) la ejecución del ya mencionado seminario internacional: “La Corte Constitucional, un cambio ineludible”; 2) la realización del curso dirigido a dar a conocer y discutir con los funcionarios y empleados del ex Tribunal Constitucional la propuesta de “Sistema de Administración de Justicia Constitucional”; 3) la ejecución de dos talleres internacionales de Argumentación jurídica dirigido a dotar a los funcionarios de la Corte de las más modernas herramientas de argumentación e interpretación constitucional; 4) la realización de tres talleres de inducción a los nuevos funcionarios de las oficinas regionales creadas por la Corte para capacitar a la ciudadanía en materias constitucionales y desconcentrar regionalmente algunas actividades de la Corte; y, 5) el desarrollo de un curso práctico sobre los métodos de ponderación y proporcionalidad de las sentencias.
Pero también se ha realizado, en coordinación con el Consejo de la Judicatura, un intenso proceso de capacitación a jueces de la justicia ordinaria, fiscales, abogados y operadores jurídicos, destinado a darles a conocer los fundamentos de la nueva Constitución y dotar de herramientas teóricas y prácticas a los encargados directos de tramitar las garantías jurisdiccionales de los derechos.
No hay que olvidar que a partir de la vigencia de la nueva Constitución, la Corte Constitucional ya no tiene competencia directa para conocer y resolver los procesos relacionados con las llamadas garantías judiciales de los derechos, que corresponden, por disposición de la Constitución, a los jueces de la justicia ordinaria, convertidos hoy día en jueces constitucionales, por lo que resulta de suma importancia unificar criterios y articular esfuerzos para tener una justicia constitucional pronta, profesional y eficaz, para lo cual este esfuerzo de capacitación resulta capital.
El resultado de esta iniciativa ha sido la capacitación 3.730 jueces, fiscales y operadores jurídicos, a través de la realización, con la colaboración del Consejo de la Judicatura y de la mayoría de Colegios de Abogados del país, de las llamadas “Jornadas judiciales de capacitación”, que se han desarrollado en todo el país a partir de la expedición de la Constitución.
Como parte de este proyecto de capacitación, la Corte ha realizado un intenso proceso con el propósito de difundir, entre la ciudadanía ecuatoriana, el texto de la nueva Constitución, haciendo énfasis en el ejercicio de las garantías de los derechos.
En ese contexto, se han capacitado a 161.457 personas desde septiembre de 2008 hasta el 23 de junio de 2009, en 11.131 talleres dirigidos a difundir el texto de la Constitución vigente y los derechos fundamentales.
2. MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA CORTE EN EL ÁMBITO JURISDICIONAL
En cuanto al mejoramiento de la gestión estrictamente jurisdiccional de la Corte se ha diseñado una estrategia que involucra la implementación de cinco programas básicos: 1) el despacho durante el período de transición de todas las causas acumuladas del extinto Tribunal Constitucional; 2) la sustanciación y despacho de las causas relacionadas con las competencias de la nueva Corte Constitucional; 3) la creación de una instancia de “relatoría” que permita generar un tesauro y un “sistema de gestión de la información” respecto de las sentencias y dictámenes de la Corte Constitucional; 4) el desarrollo de un programa de normalización de las providencias judiciales de la Corte a partir del desarrollo y aplicación de estándares mínimos de calidad en los Autos, Sentencias y Dictámenes proferidos; y 5) la implementación de un programa de racionalización y ampliación de la cooperación internacional dirigido al fortalecimiento de la Corte Constitucional.
Respecto de la tramitación de las causas, tanto del ex Tribunal Constitucional como de la Corte Constitucional, para el periodo de transición, en el período que va desde junio de 2007 a junio de 2009, podemos informar que en estos dos años, y a partir de la introducción de un nuevo manual de “procesos y procedimientos” judiciales al interior del ex TC y la Actual Corte, se ha incrementado significativamente la eficiencia y eficacia de la justicia constitucional ecuatoriana.
En efecto, si se compara el proceso de producción de causas constitucionales desde mayo de 1997 hasta mayo de 2009 se observa que las administraciones anteriores a la actual, (1997 – 2007), se encuentra un promedio de ingresos de 2.583 casos frente a 1.823 casos promedio resueltos, frente a 6.618 casos ingresados en la actual administración (2007 – 2009) lo que corresponde a un incremento del 60% respecto del promedio histórico. En cuanto al promedio de los casos resueltos, la actual Corte resuelve 4.598 casos, lo que frente a los 1.823 casos promedio en los períodos anteriores, corresponde a un incremento en la producción de decisiones del 59%.
Adicionalmente, este aumento es cualitativamente más significativo si se considera que este incremento se profundiza justamente en la transición, cuando se pasa del modelo de resoluciones al de sentencias y dictámenes.
En relación con la creación de la “Relatoría”, se tiene que a partir de un “diagnóstico inicial” sobre procesos y procedimientos constitucionales, realizado por la actual Corte Constitucional, para el periodo de transición, se encontró que uno de los vacíos más importantes de la administración de justicia constitucional ecuatoriana es precisamente la gestión de la información jurídica que produce el máximo órgano de justicia constitucional.
Para solventar este importante déficit, actualmente se está desarrollando un “sistema de gestión de la información” de las decisiones de la Corte Constitucional, cuyo eje central es la construcción de un “Tesauro Constitucional” homologado internacionalmente. Este Tesauro no es más que un sistema de información organizado y sistematizado para contar con un lenguaje controlado sobre la materia constitucional que servirá tanto a los operadores jurídicos como a los usuarios para un manejo eficiente y transparente de la información judicial de la Corte.
En ese sentido, las sentencias que emita la Corte, y los antecedentes de cada uno de los casos, se convertirán en un muy corto plazo en fuentes de información invaluables tanto para los jueces y litigantes constitucionales como para estudiantes e investigadores jurídicos.
En cuanto al mejoramiento de la calidad de las providencias de la Corte Constitucional, a lo largo de estos dos años se ha venido luchando contra la, históricamente, pésima calidad en las resoluciones constitucionales. Esta situación denunciada permanentemente por profesores, expertos constitucionalistas y usuarios comunes de la justicia constitucional se explica fundamentalmente por una mezcla de circunstancias: 1) la existencia de una cultura jurídica positivista y pragmática; 2) la ausencia de suficiente preparación académica de los cuadros técnicos del ex Tribunal Constitucional; y, 3) la permanencia de una visión excesivamente administrativista de la labor del extinto Tribunal Constitucional, resultado de sus orígenes como ente de consulta y su devenir histórico posterior.
Para tratar de mejorar la calidad de las sentencias constitucionales, a partir de noviembre de 2008 se implementa un ambicioso programa de normalización de las decisiones de la Corte, consistente en el desarrollo y aplicación de “estándares mínimos de calidad en los Autos, Sentencias y Dictámenes” proferidos.
Hoy en día, y a partir de la expedición de las Reglas de Procedimiento para el ejercicio de las competencias de la Corte Constitucional, donde se estableció, por primera vez, una nueva estructura para las sentencias, las decisiones de la Corte Constitucional ecuatoriana se han hecho perfectamente compatibles con los estándares internacionales sobre la materia. El principal cambio consiste en que las decisiones de la Corte Constitucional, para el periodo de transición, en los casos comenzados después de la vigencia de la actual Constitución, han dejado de ser meras “resoluciones administrativas” como eran en tiempos de la Constitución de 1998, para convertirse en verdaderas “sentencias constitucionales” con una calidad semejante a las de cualquier Tribunal o Corte Constitucional del mundo.
Respecto del Programa de Cooperación Internacional desarrollado por la actual administración de la Corte Constitucional, para el periodo de transición, éste tiene como finalidad esencial construir herramientas idóneas para el fortalecimiento institucional del organismo a través del intercambio de experiencias, en materia de control y administración de justicia constitucional y la conversión de la Corte, en el mediano plazo, en un referente jurídico doctrinario y organizacional a nivel regional iberoamericano.
En este contexto, en estos dos años de gestión, se destacan la firma y ejecución de los Convenios con el Tribunal Constitucional de España, la Corte Constitucional de Colombia, la Comisión Europea, la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión Venecia), el Consejo Constitucional de Francia, el Tribunal Constitucional de Chile y el Supremo Tribunal Federal de Brasil.
El resultado tangible de estos convenios es el desarrollo de programas conjuntos de pasantías cortas y cursos de capacitación del personal de la Corte en esos centros, unido a la participación de expertos y profesores extranjeros en el proceso de reingeniería que se está desarrollando actualmente en la Corte.
3. MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL DE LA CORTE
El proyecto de modernización de la gestión organizacional de la Corte Constitucional, para el periodo de transición, tiene por objeto adecuar la infraestructura física, administrativa y financiera de la institución, y establecer un sistema eficiente de “gerencia pública” al interior de la Corte a efectos de generar las condiciones materiales y herramientas técnicas y administrativas más adecuadas para hacer totalmente eficiente el cumplimiento de la misión institucional tanto de la actual Corte de transición como de la primera Corte Constitucional.
Este proyecto de modernización ha sido concebido a partir de los siguientes componentes: 1) el desarrollo del sistema informático integrado que soporte la gestión institucional; 2) la optimización de la infraestructura física actual para prestar un mejor servicio al usuario; 3) el mejoramiento y optimización del capital humano, y, finalmente, 4) la transformación en el manejo presupuestario y la mejora significativa de la calidad del gasto de inversión de la Corte.
En cuanto al desarrollo del sistema informático integrado de la Corte Constitucional, históricamente, las administraciones anteriores del ex Tribunal Constitucional se interesaron exclusivamente en la simple reposición de equipos y sistemas básicos para el desarrollo de sus tareas.
Sin embargo, las nuevas tareas y competencias de la Corte Constitucional demandan un cambio de visión estratégica y, en ese sentido, la aplicación y utilización de TICS y la generación de sistemas integrados de información, son el soporte básico a partir del cual se ejecutará efectivamente la nueva misión institucional de la Corte.
En ese sentido, aparte de la renovación total del Hardware y el Software de la Corte, que ha implicado la modernización del parque informático con la adquisición de 150 computadoras, 51 impresoras, 12 telefax y 4 copiadoras de última generación, actualmente, en cooperación con la UTPL, está en ejecución un proyecto de desarrollo del “sistema informático integrado” que va a permitir manejar, en tiempo real, tanto la información judicial de la Corte como la administrativa, lo que en el mediano plazo permitirá a la Corte Constitucional convertirse en una de las primeras entidades estatales en implementar el gobierno electrónico.
Ese cambio de paradigma en la gestión de la información se refleja, por supuesto, en la composición e importancia del gasto en tecnología respecto del total del gasto para inversión de la Corte. Mientras en el año 2006 la inversión de la Corte apenas llegaba a 34 mil dólares, en el 2009, después de un ejercicio de análisis y reordenación del gasto llevado a cabo en 2007 y 2008, la inversión en tecnología llega a cerca de 354 mil dólares; así como la capacitación en el 2006 fue de 36 mil dólares, en el año 2009 asciende a 134 mil dólares.
En lo concerniente a la optimización de la infraestructura física se tiene que la actual infraestructura de la Corte, y particularmente el edificio ubicado en la Avenida 12 de Octubre y pasaje Nicolás Jiménez de Quito, no presta condiciones mínimas de funcionalidad necesarias para el normal funcionamiento de la Corte Constitucional. Aparte del hacinamiento en que deben trabajar los funcionarios de la institución, no existen las mínimas condiciones para la guarda y custodia técnica de los expedientes ni existe el lugar suficiente para dar una atención adecuada a los usuarios.
Sin embargo, a pesar de la precariedad objetiva de las condiciones físicas en las que se trabaja, en los últimos meses se ha venido desarrollando un significativo proyecto de adecuación que busca la optimización de los escasos recursos disponibles. Concretamente, se procedió al rediseño de los pisos ocho y diez del edificio: en el piso ocho se planificó la obra civil y el equipamiento para la Secretaría General, Sala de Admisión, Sala de Selección y el Centro de Copiado, para un total de 27 estaciones de trabajo; en el piso diez se rediseñó el área para la Sala de Sustanciación, donde actualmente trabajan en óptimas condiciones, 9 asesores jurídicos.
Ahora bien, a fin de seguir mejorando el servicio al usuario en la sede central de la Corte en Quito, es indispensable continuar con el rediseño de los pisos uno al siete, que deberá desarrollar la primera Corte Constitucional, sin perjuicio de señalar que lo óptimo sería la reubicación de la Corte en un nuevo edificio que cuente con las condiciones requeridas para el desarrollo de las nuevas competencias establecidas en la Constitución vigente.
Adicionalmente, en el año 2008 se planificó y ejecutó la apertura y el equipamiento de ocho Oficinas Regionales de la Corte a nivel nacional, que tienen como propósito soportar el proyecto de capacitación ciudadana y en un futuro cercano servir de elementos esenciales en el proceso de desconcentración de la Secretaría General, lo que repercutirá necesariamente en un acercamiento de la Corte a la ciudadanía.
En lo referente al mejoramiento y optimización del capital humano de la Corte, en los últimos meses ha operado una transformación radical del sistema de recursos humanos de la Corte.
En ese sentido, en cumplimiento del Plan Estratégico, se estableció una nueva política de personal que permitió elaborar un Manual de Perfiles por Competencias a fin de correlacionar el nivel conductual y psicológico de los funcionarios frente a las actividades y necesidades de los cargos.
Por otra parte, la política de la actual administración en cuanto a la contratación de personal, se sustenta en procesos técnicos de selección. Las ofertas de empleo son publicadas en los medios de comunicación, bolsas de trabajo en Internet e invitaciones a las principales universidades del país. Se incorporan evaluaciones psicotécnicas y entrevistas de profundidad.
Igualmente, dando cumplimiento al Mandato N.º 8, aprobado por la Asamblea Constituyente, se eliminó en la Corte Constitucional la tercerización del personal de limpieza y se suscribieron contratos laborales indefinidos con plena relación de dependencia.
Asimismo, como otra muestra significativa de las importantes transformaciones que se han dado en el manejo de personal, se establecieron, dentro de la estructura funcional de la Corte, los subsistemas de Gestión Social y Medicina Ocupacional.
Finalmente, lo que es a mi juicio más importante, se ha replanteado radicalmente la estructura ocupacional de la entidad para privilegiar la razón de ser de la Corte y así elevar el nivel de producción de la institución, destinando la mayor parte del presupuesto de funcionamiento para la contratación de personal técnico jurídico, en detrimento del personal administrativo.
Frente a una situación histórica donde se priorizaba la contratación de personal administrativo, sin desmerecer la extraordinaria labor que cumple este personal para el éxito de la misión institucional, la actual administración ha revertido totalmente esa tendencia a partir de una nueva correlación donde el 70% del personal es técnico jurídico frente a un 30% administrativo.
El último componente, que hace parte del eje de gestión organizacional, se refiere a la transformación en la administración presupuestaria y la mejora significativa de la calidad del gasto.
En relación con este tema, tenemos que de conformidad con el comportamiento histórico del presupuesto del Tribunal Constitucional, este había servido para financiar, fundamentalmente, la partida de gastos de personal, y servicios generales, con un pequeño porcentaje para adquisición de bienes de larga duración.
A diferencia de lo anterior, y de manera coherente con la transformación del paradigma político subyacente en todo el plan estratégico institucional, en el actual período de transición de la Corte Constitucional, se ha trabajado bajo una Planificación Estratégica, se produjo un incremento presupuestario destinado a fortalecer el área Jurídica Constitucional, se estableció y se está ejecutando un plan de inversión de conformidad con la programación del Plan Operativo. lo que produjo un mejoramiento significativo de la calidad gasto, privilegiando el gasto relacionado con la misión institucional.
En ese sentido, el Presupuesto 2009 se sustentó en una mejora de la gestión presupuestaría que se vio reflejada en la asignación adicional del Ministerio de Finanzas, que permitirá el desarrollo organizacional sostenido de cara a la misión institucional y a los objetivos de mejoramiento al acceso a la justicia del Plan Nacional de Desarrollo.
4. PROMOCIÓN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONAL
Finalmente, existe un último eje de trabajo de la actual Corte Constitucional relacionado con la estrategia comunicacional de la entidad.
Como ya se dijo, esta estrategia tiene por objeto romper con la habitual invisibilidad de la Corte a nivel de la ciudadanía y revertir la imagen negativa que tradicionalmente ha tenido la justicia constitucional en el país debido a la estrecha relación del ex Tribunal Constitucional con los poderes fácticos tradicionales del país.
Asimismo, esta política busca, a través de un acercamiento a la ciudadanía, que esta conozca y valore positivamente la labor y los servicios de la Corte Constitucional en todo el país, así como a intentar posicionar la Corte como un referente jurídico y teórico en el ámbito continental.
Para ello, a lo largo de estos dos años se ha realizado una serie de proyectos y actividades dirigidas a posicionar la imagen institucional y a difundir el trabajo jurídico de los actuales jueces.
En ese sentido, la gestión comunicacional se ha focalizado en los siguientes proyectos: 1) el desarrollo de una estrategia de publicaciones; 2) el rediseño y alimentación de la página Web de la Corte; y 3) un programa de comunicación social para la ciudadanía.
En cuanto a la estrategia de comunicaciones, debo destacar el esfuerzo hecho para la publicación de la GACETA CONSTITUCIONAL; (N.º 20 al N.º 26); la publicación de 3.500 discos compactos que contienen las principales resoluciones del ex Tribunal Constitucional; la publicación de 10 mil ejemplares del folleto: El Tribunal Constitucional ¿qué es y para qué sirve?; los mil ejemplares del libro de memorias del seminario internacional La Corte Constitucional, un Cambio Ineludible; asimismo, fue muy importante para la Corte la publicación de tres mil ejemplares del folleto: Proyecto de Administración de Justicia Constitucional, porque permitió socializar el proyecto de justicia constitucional presentado a la Asamblea Constituyente; igualmente significativa fue la edición de los 5 mil ejemplares de la Nueva Constitución de la República del Ecuador y del Suplemento Análisis de las Reformas al Control Constitucional del que se publicaron, en los principales diarios del país, 315 mil ejemplares en castellano y 10 mil en kichwa; finalmente, hemos publicado también mil ejemplares de las memorias de las Jornadas de Capacitación en Justicia Constitucional, libro que se presentará al finalizar esta ceremonia.
Por su parte, en el portal institucional se publican las actividades y noticias de interés general relacionadas con la vida institucional de la Corte tales como: datos estadísticos, resoluciones, autos, sentencias y dictámenes de constitucionalidad de la Corte Constitucional y las principales actividades de la agenda pública de los jueces de la Corte.
Igualmente, en desarrollo de la estrategia de comunicación, la actual administración cumple escrupulosamente con las disposiciones de la Constitución y de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, manteniendo en la red todos los datos que exige la ley.
En estos dos años también se ha desarrollado un Programa de comunicación social dirigido a la ciudadanía. En efecto, por primera vez en los 29 años de existencia del control constitucional, se desarrolla una campaña de promoción institucional a fin de que la ciudadanía conozca a la Corte Constitucional y sus objetivos fundamentales: Defender el principio de supremacía constitucional y proteger los derechos constitucionales.
En conclusión, como se han podido dar cuenta, más allá de las múltiples críticas de las que hemos sido objeto, especialmente a raíz de que tomamos la costosa decisión de ejercer las funciones de Corte Constitucional para no dejar al país en la indefensión jurídica, así como de los innumerables problemas que hemos debido sortear, en estos dos años de actividad jurisdiccional los actuales jueces de la Corte Constitucional, para el periodo de transición, hemos desarrollado un intenso proyecto de modernización de la entidad, que deja a la Corte prácticamente lista para afrontar los inmensos desafíos futuros.
Por supuesto, este proceso de modernización radical emprendido puede ser mejorado y profundizado, pero de lo que sí estoy convencido es que no tiene marcha atrás. Y justamente, esa circunstancia ha sido reconocida por la Contraloría General del Estado, la cual, después de un examen especial a nuestras actividades administrativas y financieras, ha reconocido el esfuerzo realizado tanto en la modernización de la entidad como en el cumplimiento de anteriores informes de recomendación. El resultado final es un informe con poquísimas recomendaciones de carácter administrativo que ya se están implementando y en el que se destaca la inexistencia de responsabilidades disciplinarias, administrativas, civiles o penales por parte de la actual administración.
En definitiva, a pesar de las limitaciones financieras y con base en un trabajo en equipo de juezas, jueces, funcionarios y funcionarias, avanzamos con paso firme en la tarea de consolidar la transición institucional en un ámbito tan delicado como es el control y la administración de justicia constitucional, garantizando así la vigencia efectiva del Estado Constitucional de los Derechos y Justicia y, como no podía ser de otra manera, por supuesto que estamos sometidos al juicio de la historia.
Muchas Gracias.
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